MONSANTO, FUMIGACONES, SALUD



PROTESTAS EN ARGENTINA CONTRA MONSANTO (de un artículo por Fabiana Frayssinet para TRANSAMERICA, Inter Press News Service, citado por EHN [AboveTheFold@newsletters.environmentalhealthnews.org], Dec. 3, 2013)
ENGLISH VERSION BELOW

Image: Fumigación aérea en zonas urbanas

MALVINAS ARGENTINAS, Córdoba, Argentina , Dic 2, 2013 (IPS) – Los habitantes de este humilde suburbio de Córdoba en el cinturón granario de Argentina central, se opusieron estoicamente a la fumigación con el herbicida glifosato en campos que rodean al poblado. Pero la última gota que rebalsó el balde fue cuando el gigante biotecnológico MONSANTO inició la construcción de una planta de semillas.

Monsanto, creador del glifosato cuya marca es Roudup, y uno de los líderes de semillas transgénicas, está construyendo una de sus mayores plantas para procesado de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, una comunidad pobre de 15.000 habitantes a 17 km al este de la ciudad capital de la provincia de Córdoba.

La planta tenía que empezar a operar en Marzo del 2014, pero la construcción fue interrumpida en Octubre por protestas y acción legal por parte de los residentes que bloquearon la entrada del sitio desde Septiembre 18. Las protestas surgieron a raíz de un aparente aumento de enfermedades alérgicas en la población local, un mayor número casos de cáncer y de deformaciones infantiles desde que se fumigan los campos vecinos al poblado.

Los camiones forzaron su paso a través del piquete el 28 de Noviembre cuando miembros del sindicato de la construcción atacaron el campamento de los residentes locales con objeto de romper el bloqueo.  En esa ocasión resultaron heridas más de 20 personas. En la mañana del sábado 30 de Noviembre se hicieron presentes en la planta tropas, como se ve en un video (in this video) en Facebook, y escoltaron a varios camiones a través del bloqueo. Los piqueteros no se conciben a sí mismos como ambientalistas y no se identifican con ningún partido político. La mayoría son mujeres.

La mayor parte de las fumigaciones se hacen con el herbicida Roundup basado en el principio activo glifosato de Monsanto. La Unión de Médicos por el Ambiente y la Salud de Pueblos Fumigados informa que cerca de 22 millones de hectáreas de soja, maíz y otros cultivos transgénicos son fumigadas en 12 de las 23 provincias Argentinas, cuyos pueblos son hogar de unos 12 millones de los 46 millones de habitantes del país.
El Biólogo Raúl Montenegro de la Universidad Nacional de Córdoba ganador del Premio 2004 por el Derecho a la Vida explicó a Tierramérica que no ha habido monitoreo sobre la morbilidad y mortalidad para determinar el aumento de los problemas de salud a raíz del efecto de los pesticidas. Tampoco hay controles adecuados de niveles de pesticidas en sangre, o monitoreo ambiental para detectar trazas en el agua de tanques, añadió Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM). “Esto hace de Argentina, y también de Brasil, un paraíso” para compañías como la Monsanto.

Las agencias estatales que autorizan el uso de los pesticidas basan sus decisiones “fundamentalmente sobre datos provistos por las mismas empresas”, dijo el biólogo. Según un estudio de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, las semillas procesadas en la planta serán impregnadas de sustancias tales como propoxur, deltamethrina, pirimiphos etilo, trifloxystrobin, ipconazole, metalaxyl y especialmente clothianidin, un insecticida prohibido por la Unión Europea.

En Canadá se encontró que la sangre de mujeres embarazadas contenían la proteína insecticida Cry1Ab del maíz transgénico MON81 de Monsanto, agregó el biólogo, lo que según él, contraría las declaraciones de Monsanto acerca de que las proteínas son degradadas en el tracto intestinal.

Una encuesta por dos universidades y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) dio como resultado que el 87 % de los encuestados en Malvinas Argentinas quieren un plebiscito para decidir si la planta de Monsanto debería ser construida, y que el 58% se oponen a la misma. En Abril la suprema corte provincial rechazó un pedido de medidas de protección presentada por los residentes locales en un intento de bloquear la construcción de la planta. En los últimos meses la policía arremetió contra los piqueteros en varias ocasiones y estos recibieron también amenazas.

* Esta historia fue originalmente publicada por periódicos latinoamericanos que forman parte de la red de Tierramérica.

Artículo original (en Inglés): http://www.ipsnews.net/2013/12/argentine-protesters-vs-monsanto-monster-right-top-us/

EDITORIAL:

El tema no es nuevo y ha sido tratado en este blog desde por lo menos agosto del 2012 cuando se conoció la primera condena judicial por fumigaciones perjudiciales en el poblado de Ituzaingo Anexo de la provincia de Córdoba, Argentina. Luego siguieron varios otros casos tratados también en este blog ocurridos no solo en la prov. de Córdoba, sino en otros pueblos de la llamada Pampa Húmeda, cinturón granario del centro del país.

Los partidarios de la agricultura orgánica nos oponemos a los transgénicos por una serie de causas, y una de ellas son las sospechas de perjuicios a la salud que la industria insiste no han sido científicamente verificados lo suficiente.

Este Editor no quiere entrar en este caso a discutir si los transgénicos son buenos o no. Lo que quiere discutir aquí son las razones para atacarlos o defenderlos, sin emitir todavía un juicio de valor definitivo.
Ciertamente, los defensores de los transgénicos – las corporaciones que los producen - tienen más medios económicos para implementar la defensa. Y, por el otro lado, “no ha habido monitoreo sobre la morbilidad y mortalidad para determinar el aumento de los problemas de salud a raíz del efecto de los pesticidas”, como declaró el Dr. Montenegro a TIERRAMÉRICA.  

Pero cuando todo parece indicar que existen problemas de salud relacionados con las fumigaciones, y no hay dudas de que frecuentemente estas son hechas sin el debido respeto por las buenas prácticas agrícolas, es muy posible que la población sea ingenuamente manipulada por grupos de intereses políticos de distintos colores. Los resultados negativos de los dos casos recientes de plebiscitos para defender o rechazar el rotulado de los productos que contienen transgénicos en los estados de California y Washington (EEUU) son una clara evidencia de lo expuesto. La connivencia de esas corporaciones con las autoridades responsables de la aprobación o rechazo de los transgénicos, no ya (o no sólo) en Argentina sino en los EEUU y Europa, son clara evidencia del manejo del interés público por medio del dinero.

Pero esto no debe enceguecer nuestro raciocinio. La realidad es que no contamos con suficientes elementos de juicio para inclinarnos definitivamente hacia un lado o hacia el otro de la controversia. La responsabilidad de los gobiernos es promover investigaciones científicas objetivas sobre la culpabilidad o inocencia de los transgénicos en el aumento de los casos de problemas de salud aparentemente ligados a las fumigaciones, sea de herbicidas o de pesticidas y los monitoreos serios de esos casos. Capacidad científica no falta en las universidades e instituciones responsables del país y del mundo. Es hora de que empiece a ser usada. Y si las corporaciones están tan seguras de la inocencia de los transgénicos deberían empezar a colaborar con sus aportes a esas instituciones en lugar de financiar publicidades poco objetivas, y así poner fin a esta perjudicial diatriba.   
Ing. Jorge Casale, Editor
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ARGENTINE PROTESTERS VS MONSANTO: “THE MONSTER IS RIGHT ON TOP OF US” (from an article by Fabiana Frayssinet; Inter Press News Service, cited by AboveTheFold [AboveTheFold@newsletters.environmentalhealthnews.org], Dec. 3, 2013)

MALVINAS ARGENTINAS, Córdoba, Argentina , Dec 2 2013 (IPS) - The people of this working-class suburb of Córdoba in Argentina’s central farming belt stoically put up with the spraying of the weed-killer glyphosate on the fields surrounding their neighbourhood. But the last straw was when U.S. biotech giant Monsanto showed up to build a seed plant.

The creator of glyphosate, whose trademark is Roundup, and one of the world’s leading producers of genetically modified seeds, Monsanto is building one of its biggest plants to process transgenic corn seed in Malvinas Argentinas, this poor community of 15,000 people 17 km east of the capital of the province of Córdoba.
The plant was to begin operating in March 2014. But construction work was brought to a halt in October by protests and legal action by local residents, who have been blocking the entrance to the site since Sept. 18. Protests are generated by an apparent increase in the number of cases of allergic disieases, cancer and birth malformations since spraying began in the surroundings of the town.

On the morning of Saturday Nov. 30, troops arrived at the plant, as seen in this video posted on Facebook, and escorted several trucks out of the construction site. The trucks had forced their way past the roadblock on Thursday Nov. 28, when members of the construction union stormed into the camp set up by local residents, with the aim of breaking the blockade. More than 20 people were injured in the clash. The protesters don’t like to describe themselves as environmentalists, and do not identify with any specific political party. Most of them are women.

Most of the spraying is done with Monsanto’s Roundup glyphosate-based weed-killer.
According to the
University Network for Environment and Health – Physicians in Fumigated Towns, nearly 22 million hectares of soy, corn and other transgenic crops are sprayed in 12 of Argentina’s 23 provinces, whose towns are homes to some 12 million of the country’s nearly 42 million people.

Biologist Raúl Montenegro of the National University of Córdoba, who won the Right Livelihood Award in 2004, explained to Tierramérica that there was no official monitoring of morbidity and mortality to determine whether the growing health problems observed by doctors are the effect of pesticides. Nor are there adequate controls of pesticide levels in the blood, or environmental monitoring to detect traces in water tanks, for example, added Montenegro, president of the Environment Defence Foundation (FUNAM). “That makes Argentina, and Brazil too, a paradise” for companies like Monsanto, he said.

The state agencies that authorise the use of pesticides base their decisions “mainly on technical reports and data from the companies themselves,” he said. According to a study by the University Network, the seeds to be processed by the plant in Malvinas Argentinas will be impregnated with substances such as propoxur, deltamethrin, pirimiphos ethyl, trifloxystrobin, ipconazole, metalaxyl and especially clothianidin, an insecticide banned by the European Union.

In Canada it was found that pregnant and non-pregnant women had insecticide protein such as the Cry1Ab protein in Monsanto’s MON810 GM maize in their blood,” added the biologist, saying this runs counter to Monsanto’s claim that the proteins are degraded in the digestive tract.
A survey by two universities and the National Scientific and Technical Research Council (CONICET) found that 87 percent of respondents in Malvinas Argentinas wanted a plebiscite to be held, to let voters decide whether the Monsanto plant should be built, while 58 percent were opposed to the factory. In April, the provincial high court dismissed a request for protective measures, presented by local residents in an attempt to block construction of the plant.

In the last few months, the police have cracked down on the protesters on several occasions. The demonstrators have also received threats.

* This story was originally published by Latin American newspapers that are part of the Tierramérica network.

Original article: http://www.ipsnews.net/2013/12/argentine-protesters-vs-monsanto-monster-right-top-us/

EDITORIAL:
The controversy is not new, and it has been dealt with several times in this blog at least since August 2012 when the first court decision against damaging spraying around the town of Ituzaingo Anexo in the Province of Córdoba (Argentina) was reached. Afterwards, other cases occurred not only in Córdoba province, but in several other towns in central Argentina’s farm belt, were also dealt with in this blog.  

Those of us that promote organic agriculture oppose transgenics for a number of reasons. One of them is the suspicion that GMs may cause health problems that the industry insists that they have not been scientifically and sufficiently proven.

This Editor does not want to argue about transgenics. What he wants to discuss at this time is whether the reasons to attack or defend them are sufficiently examined without pretending to be able to reach a definitive judgement.

GM defenders – the industries that produce them – certainly have enormous economic resources to implement their defense. And, on the other hand, “there was no official monitoring of morbidity and mortality to determine whether the growing health problems observed by doctors are the effect of pesticides”, as Dr. Montenegro explained to TIERRAMÉRICA.  

But when everything seem to indicate that there are health problems related to sprayings, and that there is no doubt that frequently these sprayings are done without respecting the principles of good agricultural practices, it is very possible that a candid population be manipulated by groups of political interests of varied colors.  The results of the negative outcomes of the recent plebiscites in California and Washington states on GM labeling are clear evidence of this. The conniviance of those corporations with the authorities that not only in Argentina but also in the US and Europe, approve or reject transgenics is clear evidence of the manipulation of public interests through corporative money.

But this should not blind our reasoning. The truth is that we do not have sufficient evidence to make us bend towards the innocence or culpability in the GM health controversy. It is the governments’ responsibility to obtain objective scientific proofs of innocence or culpability of GMs in the growing numbers of health problems apparently related to agrochemical spraying and to seriously monitor such cases. There is no lack of scientific capacity in universities and other technical institutions in the country and in the world. It is about time that it begins to be used.

And it is also about time that corporations, if they are so sure of the innocence of transgenics, begin to cooperate with the financing of those objective institutes instead of financing slanted publicity to manipúlate unsuspecting consumers. In this way this damaging controversy will be brought to an end.   
Jorge Casale, Editor

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