ARGENTINA: AGRONEGOCIOS VS. BOSQUES

ARGENTINA: DESMONTE MASIVO – MIGRACIÓN DE NATIVOS

Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.

Image: pobrezambiente.typad.com

SENTENCIA DE MUERTE PARA EL MONTE NATIVO EN ARGENTINA (de un artículo en EcoticiasArgentina, Ecoticias [newsletter@ecoticias.com]; Ene.26, 2014)

Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008.

“La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.

Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.

El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).

Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. 

Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.

El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.

Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.

Fuente original: http://www.nodal.am

http://www.ecoticiasargentina.com/noticia/sentencia-de-muerte-para-el-monte-nativo-en-argentina_1288

Comentario del Editor del Blog: 

Obviamente las triquiñuelas usadas para burlar la ley forestal y las “negociaciones” para transformar tierras nativas en extensiones de monocultivos no son sino otros de los ejemplos de falta de respeto por los habitantes y el ambiente de esta tierra de bendición. Dejando de lado que por lo menos en este caso no se ha desalojado a los residentes nativos a punta de escopeta como lamentablemente ha venido ocurriendo en otras partes del país y de América Latina, es preciso intentar ubicar objetivamente una situación cuestionable.

Para empezar parece haber alguna incoherencia matemática. Si se”negoció” con cuatro pobladores y se obtuvieron a cambio 300 hectáreas, entonces no cierra que a cada uno de los cuatro pobladores se les hayan “donado”  5 hectáreas (20 hectáreas en total). Se supone que las otras 280 hectáreas se les donaron a los diez pobladores a los que se les construyeron sendas casas; es decir, 28 heactáreas a cada uno.

Obviamente ni cinco ni 28 hectáreas les permitirán continuar explotando 578 vacunos.

Por otra parte habría que ver de qué monte se trata; en primer lugar porqué se lo caracterizó primero con código ‘rojo o amarillo’ para luego recategorizarlo como ‘verde’ y, por lo tanto, desmontable. Daría la impresión de que el monte natural quizás no fuera monte, sino matorrales de bajo valor forestal. Desde ya, si mantenía 578 vacunos era quizás más de valor pastoril que forestal.

De todas maneras valdría la pena investigar la actuación de las autoridades provinciales respecto en primer lugar a la situación de indefensión legal de los pobladores afectados. Y en segundo lugar,  porqué en este caso no se realizó el relevamiento de territorios indígenas dictaminado por el decreto provincial 2789 establecido por la Ley Nacional 26.160. La ley no está para proteger solo a los poderosos sino también, y en especial, a los más débiles. Editor  Ing. Jorge Casale.